Español (spanish formal Internacional)
Português (Brasil)
English (United Kingdom)

27 Noviembre 2011

Soplan Buenos Aires para los cartoneros de Argentina

Autor: Gonzalo Roque
Gestor Local, Gerente de Proyectos Avina, Argentina.

Buenos Aires es una ciudad que transitó gran parte de su vida como capital de nuestro  país sintiéndose ajena en su tierra, y mirando a Europa por sobre los hombros de Latinoamérica. Recién comenzó a sentirse parte de América Latina con la crisis que arrasó a Argentina en el cambio de siglo, y que hizo florecer en la ciudad a miles de sujetos que hasta ese entonces eran ajenos y casi desconocidos para la “París de Sudamérica”. Entre todos estos, hay uno que apareció con más fuerza que ninguno en el paisaje urbano porteño: el cartonero.

Hoy, casi nueve años después, Buenos Aires está a la vera de transformarse en una de las megaurbes de la región más avanzadas en materia de inclusión social de recicladores en el sistema público de gestión de residuos, mediante la implementación de un pliego de recolección de residuos secos, según el cual los recuperadores urbanos (nombre oficial que reciben los recicladores a partir de la Ley 992 del año 2003) serán los encargados de la recolección, tratamiento y comercialización de los residuos reciclables en todo su ámbito, para lo cual el Estado les entregará los recursos materiales necesarios.

Este pliego se constituirá en uno de los precedentes más importantes de la región en materia de reconocimiento e inclusión social de trabajadores informales en la resolución de la problemática de los residuos sólidos urbanos.  Y que esto suceda en Buenos Aires, una ciudad que es mirada con ojos incrédulos pero atentos por el resto del país, abre el camino para que el efecto contagio llegue a muchas otras geografías.

Pero a no confundirse, esta política no es el producto de un grupo de funcionarios eficientes o de tecnócratas iluminados. Este pliego licitatorio que hoy está discutiendo la ciudad, es el producto de un amplio y complejo proceso, donde han participado una multiplicidad de actores, sobresaliendo el arduo trabajo de organización y la incansable batalla que han llevado adelante las organizaciones de recuperadores urbanos.  Ellas han sabido lidiar con sus propias debilidades, con la falta de reconocimiento de los vecinos, y con los vaivenes de la voluntad política de los funcionarios de turno.  También supieron  detectar y aprovechar los atisbos de solidaridad de diferentes sectores, y establecieron vínculos y alianzas con organizaciones y referentes del sector privado, la sociedad civil, y el sector público, que hoy son actores clave en esta construcción.  Ya en el año 2008, el gobierno de la ciudad había implementado un programa público de inclusión de recuperadores urbanos, parcial en su alcance y sin carácter de ley.  Pero a pesar de sus limitaciones, esa experiencia estableció las bases para el pliego que en este momento se encuentra a punto de convertirse en realidad.

El pliego de condiciones está regido por tres principios básicos: el principio de ciudad limpia, el principio de basura cero, y el principio de inclusión social. El principal cambio que introduce, es que divide el sistema de recolección entre residuos húmedos y residuos secos (o reciclables), otorgando potestad a los recuperadores urbanos para la gestión de estos últimos, y asigna los recursos necesarios para llevar adelante esta gestión en materia de logística, equipamiento y habilitación de los centros de procesamiento del material.  Otro factor central es que reconoce e integra el trabajo, tanto de los recuperadores organizados como de los independientes.

Pero pese a todos los avances, la ley y el pliego de licitación son apenas una parte del proceso de transformación que requiere la ciudad.  Además de establecer las reglas básicas de un sistema de aprovechamiento operado por recuperadores urbanos, la sociedad requiere de un cambio cultural en su relación con los residuos.  Esta nueva cultura parte de la separación adecuada de residuos en cada uno de los hogares, las empresas y las entidades públicas.  Esta es la combinación de desafíos que se instalarán cuando culmine el proceso licitatorio, que debe ser el timón que oriente esa transformación. Se impone un legado que trasciende el momento actual e involucra a las generaciones futuras de ciudadanos y gobernantes.  Una tarea que apenas comienza, pero cuyo inicio es mucho más que un pequeño paso.